La UE avanza en la nueva norma de protección de datos que reconoce el 'derecho al olvido'

Los ministros europeos de Justicia han acordado, tras tres años de negociaciones, un texto normativo acerca del reglamento de protección de datos personales, que reconoce por primera vez el derecho de los ciudadanos a reclamar la eliminación de información personal perjudicial y no pertinente de internet. La norma para reforzar la protección de datos, que prevé el proceso de información personal con el "consentimiento inequívoco" de los usuarios, se aplicará a Facebook o Google y prevé fuertes multas por incumplimiento. El reglamento adapta la protección de datos personales a la era de Internet y consagra nuevas figuras legales, como el llamado derecho al olvido, ya amparado por la justicia europea.

Todos los Estados miembros de la UE, excepto Austria y Eslovenia, dieron su apoyo al texto de compromiso, que servirá de base para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo el próximo 24 de junio, con vistas a llegar a un acuerdo definitivo antes de finales de año. Además de consagrar el derecho que tiene el consumidor a eliminar de la red información no relevante que pueda dañar su reputación, la norma limita el almacenamiento de datos personales por parte de las empresas y prevé multas de hasta el 2% de la facturación en caso de incumplimientos. La gran presión ejercida por los gigantes de Internet ha demorado el proyecto.

Otra de las posibilidades que ofrece la nueva normativa tiene que ver con la llamada "portabilidad de datos", que permitirá a los usuarios solicitar, por ejemplo, a Facebook que extraiga sus datos personales del sistema para trasladarlos a otra red social que consideren más segura. Una vez que las nuevas reglas entren en vigor, empresas y usuarios podrán beneficiarse también de un sistema de "ventanilla única", dirigido a facilitar la denuncia de abusos de empresas con sede extranjera en los tribunales europeos.

Avance histórico

La Comisión Europea propuso en enero de 2012 reformar las normas de protección de datos vigentes en la UE, que datan de 1995, para adaptarlas a la revolución tecnológica que ha supuesto internet, aumentar el control de los usuarios sobre sus propios datos y reducir las cargas burocráticas para las empresas por un valor de unos 2.300 millones de euros anuales.

La nueva normativa, entre otras cosas, servirá para reducir la fragmentación en 28 legislaciones nacionales e imponer un mismo criterio de protección de datos en toda la UE, así como para suprimir requisitos administrativos innecesarios como la notificación que se exige en la actualidad a empresas que quieren lanzar un nuevo servicio que implica procesamiento de datos.